Senadora del PIP pide se detenga nombramiento de la Contralora
La petición surge a raíz de una querella presentada ante la Oficina de la Contralora sobre su desempeño con presidenta del Banco de
Desarrollo Económico
Declaración de la senadora María de Lourdes Santiago
9 de octubre de 2025. Capitolio- “El pasado lunes los senadores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el Lcdo. Adrián González
Costa y esta servidora, tuvimos la oportunidad de conversar extensamente con la Lcda. Carmen Vega Fournier. La nominada, cuyo expediente profesional es ciertamente excepcional, contestó a nuestra satisfacción las preguntas que le hicimos, y disipó nuestras reservas. Sin embargo, se ha distribuido una comunicación remitida a la Oficina de la Contralora, en la que se plantean alegaciones importantes sobre el desempeño de la Lcda. Vega como directora del Banco de Desarrollo Económico (BDE).
La Contralora actual ha indicado que dichas alegaciones no serán atendidas hasta que se lleve a cabo una auditoría del BDE, lo cual evidentemente si se confirma a la nominada, ocurriría bajo su dirección.
Hemos solicitado a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado que se
posponga la consideración de esta designación, y que se instruya a la Contralora Valdivieso, recordando que esa oficina está adscrita a la Asamblea Legislativa, que realice una investigación preliminar que produzca una determinación que cumpla, al menos, con el estándar de causa probable.
A pesar de que se trata de una comunicación anónima, contiene alegaciones de fácil comprobación. Si el resultado de dicha investigación produjera un dictamen
favorable a la Lcda. Vega Fournier, la delegación legislativa del PIP no tendría objeción alguna a su nombramiento.
Hace más de cinco años que expiró el nombramiento de la Contralora Valdivieso. En nada perjudica al país esperar un poco más para contar con un proceso de confirmación exento de toda mancha. Esa mínima espera, esa determinación que pudiera permitir descartar las alegaciones que
hoy se han hecho públicas, lejos de dañar, beneficiaría tanto al proceso legislativo, como a la nominada.
El PIP se toma muy en serio la función constitucional de prestar consejo y consentimiento a los nombramientos.
Faltaríamos a nuestra responsabilidad si, por la inclinación de favorecer a un nombramiento, descartáramos livianamente información
traída a la consideración del Senado sin ser corroboradas, como reiteramos es posible hacer, las serias imputaciones que contra la Sra. Vega se indican en la querella.”
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