Resuena en estos días la forzada visita del liderato
anexionista del país a la capital federal para insistir en que Puerto Rico debe ser admitido como estado de la unión. La resonancia de tal visita se limita al archipiélago puertorriqueño, pues en la capital federal, más allá de los sonidos cotidianos de una ciudad normal de Estados Unidos, el reclamo de estadidad ciertamente no suena por esos lares.
El silencio en Washington no se limita a la imposibilidad natural de que Puerto Rico pueda
convertirse en un estado de la unión. Tal imposibilidad ya no es que forme parte del discurso de los independentistas, es que el presidente Donald Trump les ha dado prioridad para ganarse dicha membresía a Canadá, Groenlandia y otros. Convertir a Puerto Rico en estado no es prioridad para este gobierno, no es ni compromiso programático de la administración republicana. Así fue ratificado en su asamblea el año pasado, cuando por primera vez en más de 100 años removieron de su programa de gobierno
su compromiso con la estadidad.
El liderato estadista trata desesperadamente de darle un respiro artificial a su ideal frente al peor escenario que han enfrentado desde la fundación del PNP en 1968. Compiten mano a mano con el PPD, que trata de darle un respiro al expirado Estado Libre Asociado con la llamada refundación. Lo único que van a poder refundar es el batey de Muñoz. El ELA no tiene
salvación, basta con vivir en nuestro país para darse cuenta de que, como estamos, no podemos seguir. Necesitamos refundar a Puerto Rico y eso se logrará sólo superando nuestra relación colonial.
Llamo la atención de las similitudes entre ambas colectividades como premisa para lo que significa para quienes creemos en esa refundación de Puerto Rico fuera de un régimen colonial: el estancamiento
que promueve el PPD y el estancamiento que provoca el PNP. El PPD promueve que el tema de nuestra relación política con Estados Unidos no se discuta en la capital federal, el PNP con su insistencia en anunciar victorias en los “18 plebiscitos” que ha prevalecido la estadidad, provoca que el tema no se discuta con la seriedad que amerita y con la seriedad que nos merecemos los millones de puertorriqueños que sufrimos los embates de la colonia, sobre todo, la diáspora que nos supera en tamaño y
que no ve en la colonia un lugar al que se pueda regresar. Mientras la gobernadora y todo el liderato estadista se montan en un avión a fingir ser la gran fuerza política, en el mismo aeropuerto hay un sinnúmero de familias separándose de forma indefinida, como ocurre a diario en la entrada al terminal. La gobernadora y los legisladores penepés volverán, los que se montaron en ese avión con boleto de ida, quizás no. Muy injusto que el Congreso continúe silente y estático con nuestra situación
colonial.
Por los que estamos y los que se fueron, necesitamos llevar un reclamo común al Congreso: si bien diferimos en cuanto a la alternativa de estatus que resolvería nuestro angustioso problema colonial, todos estamos de acuerdo en la urgencia y necesidad de superar el colonialismo y, además, coincidimos en la obligación que tienen el Congreso y el Ejecutivo norteamericano de expresar
claramente cuáles de las fórmulas de estatus presentadas son viables y bajo qué términos y condiciones.
Mientras cada grupo utilice el tema del estatus a conveniencia, lo único que logran es retrasar más la discusión y ponerles en bandeja de plata a los Estados Unidos la excusa centenaria para no tocar el tema ni con un palo largo: “la culpa es de los puertorriqueños que no se ponen de
acuerdo”. Vamos a enviar un solo mensaje, el mensaje en el que todos estamos de acuerdo, digámosle al Congreso que no queremos ser más colonia de los Estados Unidos, no queremos ser un país pobre, no queremos la Junta, no queremos que se nos sigan yendo miles cada año, no queremos un Puerto Rico sin puertorriqueños.
Solo a través de la asamblea de estatus el pueblo puertorriqueño podrá ir con una sola voz al Congreso, una voz que de verdad resuene,
será la voz, lo otro es ruido.
