Secuestro al sistema electoral

Recientemente, el Senado aprobó, con los votos del bipartidismo tradicional y sin el consenso que prometieron durante la campaña eleccionaria, una serie de enmiendas al Código Electoral que empeoran lo aprobado en noviembre del año pasado por la Cámara de Representantes.

Las enmiendas introducidas por el Senado, y que cuentan con nuestra oposición, buscan facilitar el control del PNP y el PPD en la Comisión Estatal de Elecciones y dar respiración artificial al bipartidismo.

Pretenden eliminar la posibilidad de que el presidente de la CEE sea nombrado a través de la decisión unánime de los Comisionados Electorales y buscan transferir dicha responsabilidad al Gobernador con el consejo y consentimiento de ambos cuerpos legislativos por mayoría absoluta. Enmiendan, también, la composición de las Juntas de Inscripción Temporeras para que solo tengan representación de dos partidos.
 

Como si fuera poco, cierran la puerta a la representación de más de tres partidos en la CEE y validan la ausencia de participación de los partidos en la selección del secretario de la CEE. También, delegan la presidencia de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVAA) en el partido estatal de mayoría, cuando
anteriormente todos los comisionados votaban por el nombramiento.
 

De hecho, sobre dicha Junta, eliminan del concepto de balance electoral la representación de todos los partidos en las mismas y alteran, además, la manera en que operan las Comisiones Locales. En el caso de JAVAA, eliminan el derecho que tienen los partidos a tener representación lo que supone un reto a la transparencia y confiabilidad habiéndose ampliado las categorías de voto adelantado (voto por correo).
 

Por último, persiste la prohibición de candidaturas coligadas e insisten en celebrar una elección simbólica y colonial por el presidente de los Estados Unidos el mismo día de las elecciones, derrotando cualquier argumento sobre economía para el Estado si se considera el costo de papeletas y recursos adicionales.
 

Con la aprobación de esta medida, la alianza PNP y PPD pretende secuestrar el sistema electoral puertorriqueño y aumentar la desconfianza de la ciudadanía en el maltrecho proceso electoral.