Durante el pasado cuatrienio, como en este, han sido múltiples las denuncias de organizaciones que defienden los derechos de los pacientes, así como entidades profesionales, que nos han expresado su indignación y oposición a las acciones de los ‘’planes médicos” en perjuicio de la ciudadanía y de los diversos profesionales y proveedores de servicios de la salud. A continuación, cito tres ejemplos de las denuncias:

1. La Sociedad Puertorriqueña de Ortopedia yTraumatología, Inc.ha expresado ‘’auscultar, mediante nueva legislación separada o enmiendas a las leyes actuales, que se vaya un paso más allá, para regular, frenar o limitar la denegatoria arbitraria de aseguradoras para la admisión de los proveedores cualificados de las distintas redes de proveedores”.
2. La Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico ha expuesto “la constante violación de los planes médicos a las leyes que protegen y establecen derechos para los pacientes de cáncer; a pesar de que esta legislación ha estado vigente desde el año 2012, los aseguradores han obviado su cumplimiento sin consecuencia alguna”.
3. La Asociación de Hematología y Oncología Médica de Puerto Rico ha vinculado las actuaciones abusivas de las aseguradoras con la terrible consecuencia del aceleramiento del fallecimiento de una persona:  “cuando la tramitación de una orden, referido o reclamación medica se torna burocrática o excesiva, impide muchas veces el suministro a tiempo del medicamento y tratamiento, causando que la salud del paciente se deteriore, y dependiendo del cuadro clínico que presenta, acelera el fallecimiento especialmente cuando estamos ante casos de cáncer”.

Estos ejemplos se suman al reclamo constante de familiares y comunidades para obtener acceso a una cirugía o a tratamiento para algún familiar o vecino que depende de la solidaridad de las personas para obtenerlo. Las más de 300,000 personas sin plan médico alguno, las y los trabajadores que poseen algún tipo de plan médico, pero que realmente están sub asegurados, ante las limitaciones y exclusiones de su plan médico, o la imposibilidad de pagar deducibles, provocan la negación de servicios, la ausencia de medicamentos o tratamientos, y el perjuicio a la salud física o emocional. Ese es el terrible cuadro de la salud en Puerto Rico.

Cifras recientes examinadas por el Dr. Heriberto Marín Centeno, economista de la salud y Catedrático del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, reflejan un ritmo de crecimiento sostenido en el gasto de consumo personal en servicios de salud a una tasa que es más del doble que la del crecimiento de la economía del país. Específicamente, durante los pasados años fiscales el gasto de consumo total en salud se aproxima a los $14,000 millones, lo que representa alrededor de 13% del Producto Interno Bruto (PIB). La explicación está en los altos costos de salud que enfrenta el ciudadano promedio en Puerto Rico, y en el enfoque de medicina curativa, en vez de medicina preventiva, que ha prevalecido desde hace mucho tiempo. El gasto promedio per cápita en salud en Puerto Rico aumentó, de $2,900 en el año 2010, a $4,300 en el año 2018, un aumento de 48.3% durante ese periodo. Esta cifra es superior a la de países que duplican o triplican nuestro ingreso per cápita, como Finlandia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Italia y España, entre otros.

Para cualquier año reciente, el 80% del gasto en salud de los ciudadanos en Puerto Rico se ha destinado a servicios de atención curativa, mientras lo que se destina a prevención no alcanza el 4%. Este dato refuerza y apoya la propuesta de un plan universal de salud.

Ante este cuadro de hechos, de denuncias y de realidades constantes se enmarca el proyecto de ley de la Cámara 113, radicado por el Partido Independentista Puertorriqueño, para crear el Plan Nacional de Salud; establecer la nueva política pública de salud en Puerto Rico; crear la Corporación del Seguro Nacional de Salud, entidad que pondrá en vigor y administrará el Plan Nacional de Salud; definir sus poderes, deberes y funciones; enmendar las siguientes leyes: “Ley de Protección Social por Accidentes de Vehículos de Motor”, como “Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo”; derogar la “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, a los fines de establecer un Seguro Nacional de Salud; crear el Fondo Nacional de Inversión en Salud Pública e Investigación, con el fin de financiar programas, intervenciones y actividades de promoción de salud y prevención de enfermedades, proyecto cónsono con las propuestas de la Organización Mundial de la Salud, y con las experiencias en múltiples países del mundo.

Como parte de nuestro trabajo legislativo solicitamos y obtuvimos un memorando, elaborado por la Oficina de Servicios Legislativos, que confirma lo antes planteado. En dicho memorando se establece que, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de la mitad de la población mundial carece de acceso integral a los servicios de salud básicos, y que acceder a servicios de salud en los modelos privatizados agudiza la pobreza extrema en cerca de 100 millones de personas a nivel mundial. El año 2030 se ha fijado como meta para que todos los estados miembros de las Naciones Unidas alcancen el objetivo de ofrecer a sus habitantes una cobertura sanitaria universal.

En la actualidad, países como Canadá, Francia, Chile, España y Brasil han desarrollado e implementado sistemas de salud acordes con los modelos promovidos por las Naciones Unidas, la OMS y otras entidades internacionales. En el caso de Canadá, el modelo de salud es financiado con fondos públicos en una responsabilidad compartida entre el gobierno central y los gobiernos de las 13 provincias o territorios para la totalidad de sus residentes. El modelo es operado por una autoridad pública, sin fines de lucro, y está basado en la necesidad del paciente, no en la capacidad de pago.

Recientemente logramos que se llevara a vistas publicas el P de la C 113, iniciando de esta forma una discusión importante, no solo del proyecto, sino además de la realidad abusiva y violatoria de derechos del privatizado sistema de salud. El proyecto ha recibido oposición de las agencias de gobierno, que defienden descaradamente el modelo privado y argumentan los presuntos efectos nocivos al mercado de un plan universal de salud, favoreciendo la visión colonial de su modelo. El proyecto de ley ha contado con el apoyo del Colegio de Médicos y del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Con este proceso legislativo hemos abierto una puerta para iniciar el camino hacia la transformación de nuestro sistema de salud, donde el norte sea el derecho humano a la salud.