La entrega final de la AEE

Tras la determinación de iniciar el proceso de privatización de la generación de electricidad en Puerto Rico, junto a la compañera senadora María de Lourdes Santiago, expresamos que la misma constituye el paso final en la carrera por entregar a los intereses privados una de las funciones fundamentales del sector público. La votación de la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas fue unánime -lo que significa que los representantes en esa Junta de los presidentes de Cámara y Senado favorecieron la entrega de lo que quedaba en manos públicas de la AEE. Como legisladores del PIP condenamos ese voto.

El acceso a energía eléctrica es un derecho humano del que dependen la salud, la educación, las comunicaciones y el desarrollo económico del país, y como tal, no debe estar sujeto a los intereses del mercado. Tras la nefasta experiencia con Luma, el país no puede seguir pagando el precio de la imposición del neoliberalismo rojo y azul. Luma ni siquiera existía: es un engendro de la agenda privatizadora de dos partidos políticos, los mismos que llevaron a la AEE a la quiebra y la mutilaron con su incompetencia y politiquería.

Además, la privatización aprobada es contraria a la posibilidad de que en el futuro previsible Puerto Rico pueda experimentar la tan necesaria transformación a fuentes energéticas renovables.

Finalmente, según hemos sido testigos de ese 120% de incremento en nuestras facturas de electricidad con Luma, es anticipable que el privatizador de la generación solicitará que le aprueben más y más fondos, porque con lo que le asignaron en principio “no podrán operar”. Será el pueblo quien, a través de aumentos en el costo de la energía, cargará con ese costo.

Reiteramos nuestra oposición a la privatización y nuestra convicción de que la AEE, como corporación pública, puede transformarse y responder –sin la politización y la corrupción que han caracterizado su gerencia tanto bajo el PNP como bajo el PPD– a las necesidades de nuestro pueblo y de nuestro gobierno, así como de nuestros industriales y comerciantes. Ese es nuestro reto y responsabilidad.