LUMA es mala para Puerto Rico. En su responsabilidad contractual de transmisión y distribución de energía eléctrica, LUMA ha fallado monumentalmente. Los apagones son la orden del día. Esto tiene efectos adversos en la calidad de vida, suministros alimentarios, enseres dañados y el impacto terrible en la economía. Al mismo tiempo que fracasa en su responsabilidad contractual, amenaza con aumentos recurrentes en los costos de facturación energética.

El génesis de la llegada de LUMA es sacado del manual de la privatización. Desde el cuatrienio del 2012 al 2016 se inició una ofensiva legislativa para privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo primero fue utilizar los medios de comunicación para desprestigiar los servicios de la AEE. La idea era aprovechar la molestia del país con los gobiernos de turno para extrapolar la molestia contra la corporación pública.

Lo segundo fue demonizar a los empleados de la Autoridad y su sindicato la UTIER. El propósito fue poner rostro al “adversario”. En una estrategia concertada PPD-PNP comenzaron a reducir la compra de materiales y equipo, eliminaron dramáticamente las brigadas de mantenimiento, dejaron de reclutar celadores y cerraron decenas de oficinas técnicas regionales. Todo con el firme propósito de afectar los servicios, provocar molestia en los abonados y pavimentar el camino de la privatización. Luego presentaron al país la idea de que la libre competencia haría que el mercado se encargara de abaratar los costos energéticos y brindar mejor servicio.

En ese cuatrienio no se pudo aprobar la legislación privatizadora. Eso se logró luego, en el cuatrienio pasado. En un esfuerzo legislativo entre populares y penepés, se aprobó un nuevo marco regulador energético. Era una legislación para abrir la puerta a la privatización. ¿Recuerdan cuando decían que había que acabar con el monopolio público? Pues, terminaron aprobando un monopolio privado.

El acceso a la energía eléctrica es reconocido por las Naciones Unidas como un derecho humano. Es a base de ese acceso que se obtienen servicios de salud, educación, alimentos y desarrollo económico.

Engañaron a muchos. Se le entregó a una empresa privada el acceso a los fondos de recuperación con fines de lucro, no con un fin público. Aumentaron los costos energéticos. El servicio es peor, pero se paga más. Para los pequeños y medianos comerciantes, el aumento en los costos operacionales para pagar los nuevos cargos de facturación les obliga a despedir empleados o a aumentar los costos de servicios.

El servicio de la Autoridad de Energía Eléctrica debió tratarse como un bien público. No debe depender del ánimo de lucro el acceso a Acueducto y Alcantarillados y Energía Eléctrica.

En un acto de oportunismo político, el gobernador, en lugar de dar pasos para rescindir el contrato de LUMA, propuso descapitalizar el Fondo del Seguro del Estado para un supuesto alivio energético. Su propuesta no solo amenaza una iniciativa social y de salud como el FSE, sino que se trata de poner el dedo en el dique quebrado. Es una medida insuficiente y una irresponsabilidad de administración pública. Es lo que nos ha llevado a la quiebra. Es desvestir un santo para vestir otro.

El colmo ha sido que en una isla tropical en el Caribe, donde el sol y el agua son fuentes de energía renovable accesibles, LUMA se opone a implementar esas políticas energéticas. Ya se opuso públicamente a que se utilicen fondos de recuperación para una transición a energía que abandone el combustible fósil. Su interés es el lucro, no el bienestar común del país.

Ayer hubo una manifestación más contra LUMA y una exigencia de eliminar el contrato. El gobernador se resiste y ha actuado más como abogado de defensa de LUMA que defensor del pueblo. El tiempo y el país le pasará la factura.