Del impuesto a la seguridad alimentaria...
“La contribución impuesta sobre el inventario desincentiva la acumulación de abastos”.
Del impuesto a la seguridad alimentaria...
“La contribución impuesta sobre el inventario desincentiva la acumulación de abastos”.
La política contributiva que impone la prestación de tributos sobre el inventario (Ley Núm. 83-1991) tuvo consecuencias nefastas sobre el orden social, la salud, la sostenibilidad de la economía, la seguridad alimentaria y la vida de cada ser humano ubicado en Puerto Rico luego de los huracanes Irma y María. Hasta ese momento, jamás habíamos confrontado una catástrofe de proporciones similares. De hecho, el director
del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos señaló que el desastre que dejó a su paso el huracán María no tiene comparación con ningún otro evento natural ocurrido en la jurisdicción estadounidense. Una vez quedó destruida gran parte de la infraestructura puertorriqueña en septiembre de 2017, el resquebrajamiento de la cadena de importación y distribución de combustible y artículos de primera necesidad puso de relieve la necesidad de repensar nuestro sistema contributivo. Por eso
propuse que se derogara el impuesto al inventario.
La contribución impuesta sobre el inventario desincentiva la acumulación de abastos. En la medida en que los costos de inventario son significativos, los empresarios tienden a manejarlos con comedimiento. Esto genera una escasez innegable de productos imprescindibles cuando se suscitan situaciones de emergencia, sobre todo cuando los muelles se tornan inoperantes. Un país que importa sobre el 80% de sus suministros,
y que constituye un mercado cautivo de los Estados Unidos, no puede darse el lujo de limitar la entrada de suministros mediante la implantación de una política contributiva obsoleta que no reconoce los factores de riesgo inherentes al Caribe ni la incapacidad de Puerto Rico para entrar formalmente en acuerdos internacionales de ayuda mutua.
Aunque a todas luces se nos hace tarde para eliminar esa barrera comercial innecesaria, los altos directivos del bipartidismo penepé-popular no han aprendido, o no han querido aprender la lección. Durante el cuatrienio pasado, la escalada en la guerra arancelaria entre el presidente Donald Trump y el gobierno chino tuvo consecuencias negativas para el mercado puertorriqueño. De hecho, en ese contexto hubo productos,
como los equipos de lavandería, cuyos precios subieron un 20%. Otros artículos, como los productos de cuero, muebles, televisores y monitores, también estuvieron sujetos a una inflación desmedida de precios.
En este cuatrienio, la paralización de la economía mundial causada tras la propagación del COVID–19 agudizó el problema de falta de suministros de primera necesidad en Puerto Rico. Hoy día, investigadores de calibre mundial han realizado un llamado a eliminar barreras que incidan sobre la soberanía alimentaria, particularmente en regiones empobrecidas. Igualmente, la invasión de Rusia al territorio nacional ucraniano
ha cortado los suministros de uno de los mayores exportadores de aceite, maíz, trigo y granos a nivel global. Por esta razón, la guerra, que no da atisbos de culminar pronto, continúa provocando conmoción en los mercados de consumo y aumentos exorbitantes en los precios de los cereales, aceites, productos lácteos, carnes y azúcar. Los precios de los alimentos están en su punto más alto desde que comenzaron los registros hace 60 años.
En Puerto Rico la derogación del impuesto sobre la propiedad mueble servirá para atajar el impacto negativo de conflictos arancelarios futuros, las fluctuaciones en los precios de la canasta básica de alimentos que generan las guerras en el exterior y las interrupciones imprevisibles en la producción a gran escala que pueden repetirse de ocurrir otras pandemias. Además, de cara al futuro, nuestra posición geográfica
–así como el calentamiento global provocado por la insostenibilidad de los métodos de combustión elaborados por la humanidad– hacen cada vez más probable que Puerto Rico sufra los embates de mega ciclones.
El escenario emergente requiere que adoptemos una política pública que garantice la existencia de suministros suficientes. El impuesto al inventario es una traba insostenible a nuestra seguridad alimentaria. Consecuentemente, debe ser derogado.
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